“Cabe afirmar que el Tribunal ha llegado a una certeza razonable acerca de los cuatro hechos juzgados. Este tribunal declara que los cuatro cargos objeto de imputación se encuentran probados, mas allá de toda duda razonable; por consiguiente la sentencia que se emite es CONDENATORIA”.
Con estas palabras, que pasarán a la historia tanto del Poder Judicial como del país, el Juez Cesar San Martín, Presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, anunció el fallo que pone punto final al juicio al ex presidente y que duró 16 meses.
En un fallo considerado histórico, el tribunal peruano condenó al ex presidente Alberto Fujimori a 25 años de pena privativa de la libertad por violaciones de los derechos humanos. Convirtiendo este juicio en un precedente histórico, ya que se trata de la primera vez en el mundo que se juzga y condena, en su propio país, a un ex presidente por delitos de lesa humanidad.
Como se recuerda, Fujimori estaba acusado de ser el autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos en 1991 y del profesor y los estudiantes de la Universidad “Enrique Guzmán y Valle” La Cantuta en 1992, hechos cometidos por un escuadrón militar formado por miembros activos del servicio de inteligencia autodenominado “Grupo Colina” y del secuestro, del empresario pesquero Samuel Dyer y del periodista de oposición Gustavo Gorriti.
Durante la lectura de la sentencia, los jueces expresaron que el fallo por unanimidad respondía a la gravedad de los hechos juzgados, los cuales se inscribían “En un plan sistemático y selectivo de desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias a cargo del Estado, las fuerzas armadas y el servicio de inteligencia”. Y que no solo estaba probado que el acusado tenía pleno conocimiento de la existencia de este aparato represivo, sino que además, existen pruebas suficientes para considerar “Que Fujimori fue autor mediato de crímenes de lesa humanidad durante su gobierno y que actuó, estructuró y ejecutó una estrategia político-militar paralela a la que divulgaba públicamente y protegió a Vladimiro Montesinos, al otrora jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, así como a los ejecutores materiales de los hechos, es decir, a los miembros del Grupo Colina”.
Como se recordara Fujimori huyo al Japón, al descubrirse la red de corrupción que dirigía con su asesor el ex capitán Vladimiro Montesinos, desde donde renuncio a su cargo por fax. Renuncia que no fue aceptada por el Congreso peruano que declaro su vacancia por incapacidad moral.
Así, Fujimori cumple con los juicios que le son atribuibles dentro del marco de la extradición aprobada por las autoridades judiciales chilenas, país del que fue extraditado el 22 de septiembre del 2007, luego de llegar allí desde su autoexilio en Japón en noviembre del 2005.
Este juicio que pasara a los anales de la justicia latinoamericana por ser uno de los mas esclarecidos y limpios, ha sido catalogado por Amnistía Internacional “Como un hito de probidad en la lucha contra la impunidad pues, en los más de 15 meses que duró el juicio, nadie jamás deslegitimo el desarrollo imparcial del mismo”. Algo que nos enaltece y llena de orgullo a todos los peruanos.
Y es que se puede estar de acuerdo o no con la sentencia, pero nadie podrá poner en duda que el Tribunal Peruano ha actuado con absoluta imparcialidad y pegado en todo momento al debido proceso, algo que los más destacados penalistas peruanos e internacionales no han dudado en reconocerle como merito y pedagogía de cómo se debe actuar todo el tiempo.
Finalmente, nuestro país debe sacar lecciones “Para que todo lo vivido, no se nos empoce en el alma”, como diría Vallejo.
El tribunal peruano ha tenido mucho cuidado para llevar a buen término este juicio, por consideraciones de tipo legal y política. Por lo mismo, ha guardado el debido proceso y tomado las providencias para que no se ponga en ningún momento en tela de juicio su imparcialidad. Asimismo, ha dejado un precedente histórico, de manera tal que nadie podrá escapar a la ley y dejar su delito impune así sea un ex presidente, con lo que demuestra que la justicia es igual para todos; señal inequívoca que avanzamos en el camino correcto: el de la construcción de la Institucionalidad que el país necesita y reclama.
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