El Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, por sus siglas PAMA, fue preparado originalmente por la administración de Centromin Perú y aprobado en su momento por el Ministerio de Energía y Minas. Para ello, y como parte del mismo, se había creado en 1993 la empresa Activos Mineros, como una empresa estatal de derecho privado. Así, el PAMA fue originalmente creado para iniciar un proceso de adecuación del Complejo previo a su privatización, la cual se dio finalmente en 1997.
Cuando Doe Run gana el proceso de privatización en 1997 se comprometió a invertir en el Complejo para modernizarlo; este anuncio generó muchas suspicacias, debido a que la planta funciona con maquinaria fabricada en 1920 y desde sus inicios con la Cerro de Pasco Corporation en 1922, y luego con la administración estatal de Centromin desde 1970 nunca ha cambiado las mismas. Lo que si quedo claro es que Doe Run, al hacerse cargo del Complejo, se comprometió a invertir 107 millones de dólares para cumplir el PAMA diseñado para el mismo.
Según el contrato de privatización el Estado peruano se comprometía a realizar su parte del PAMA a través de Activos Mineros, cuando concluyera Doe Run su compromiso de adecuación. Esto que de por si resulta muy ambiguo ha sido utilizado por la empresa para postergar el cumplimiento del PAMA, solicitando hasta la fecha más de 5 ampliaciones al mismo. Esto, sin considerar que en 1997 la baja de los precios de los minerales fue un fuerte motivo para que la empresa postergara el inicio de muchas obras que complementaban el PAMA, por el deseo de pagar los costos del mismo con las utilidades que generara el complejo. Lo cierto es que, a la fecha, Activos Mineros la empresa creada por Centromin Perú sigue a la espera que Doe Run culmine su parte del PAMA. Mientras que Doe Run solicita, una nueva ampliación del mismo y la participación del Estado para poder culminar su Adecuación Ambiental, pues manifiesta haber sobrepasado el monto inicial pactado para el mismo, el cual se encontraría a la fecha sobre los 300 millones de dólares, faltando aun la construcción del último tramo del mismo.
Lo cierto es que, cuando Doe Run participo en el proceso de privatización alguien de sus técnicos los hizo incurrir en un gravísimo error de cálculo, porque no se entiende que una empresa seria participe en una licitación, calcule para el mismo determinados costos y ahora los termine triplicando, con los efectos financieros que esto produce en la empresa. Esto no es serio en ningún sitio. Además, solo hay que visitar la ciudad de La Oroya y sus alrededores, para darse cuenta a primera vista de dos cosas: La primera, que el Complejo Metalúrgico es el corazón de la ciudad que late a su ritmo y dependencia económica; Lo segundo, que el nivel de contaminación de la ciudad y sobre todo, del perímetro de La Oroya Antigua es intolerable, para la vida normal de cualquier persona.
Ahora bien. Durante los primeros años luego de la privatización, Doe Run logró que más de 1,5 millones de toneladas de ferritas de zinc, abandonadas en un depósito en Huanchan desde los tiempos de la Cerro de Pasco Corporation, fueran trasladadas para su administración de acuerdo a una Resolución Ministerial fechada en el 2001, con el consiguiente ingreso económico que originó su procesamiento y posterior venta, que se calcula sobre los 250 millones de dólares.
Un riesgo latente que el Complejo Metalúrgico debe afrontar es el de la contaminación, que es un proceso iniciado con las primeras emanaciones desde 1922, convirtiéndose en un pasivo tan grande que difícilmente alguna empresa o institución podría cargar con los gastos del mismo, ya que técnica, social y económicamente es imposible remediar. La ciudad y sus alrededores cargaran por siempre con el pasivo de la contaminación, y tal vez, se conviertan en el futuro en el ejemplo vivo de lo que significa la idea mal concebida de la Responsabilidad Social, cuando esta solo ve uno de los aspectos de su entorno, y obvia los más importantes, como son el derecho a la vida y a la salud. Sin mencionar que las Normas Ambientales en nuestro país, no tienen concordancia con los estándares internacionales, lo que convierte en un peligro latente cualquier inversión que involucre Impacto Ambiental directo sobre las ciudades y la población, tanto en las explotaciones mineras, como en las de gas y petróleo.
Finalmente, un estudio que deberá hacerse de manera urgente, si no hizo ya, es el referido al nivel de contaminación del agua subterránea, ya que esta es la que consume la población de la provincia de Yauli, donde se ubica la ciudad. La Oroya aparecerá siempre en nuestra historia como una ciudad emblemática, donde los niveles de contaminación han superado cualquier estimado del hombre, ya que aquí se ha contaminado: el aire, los suelos, los ríos, las lagunas, la atmosfera, los sonidos y hasta el electromagnetismo de la ciudad lo que hace que esta se radie con más intensidad, desde las 8 hasta las 11 todas las mañanas, de las partículas que arroja la chimenea central de Doe Run Perú.
Cuando Doe Run gana el proceso de privatización en 1997 se comprometió a invertir en el Complejo para modernizarlo; este anuncio generó muchas suspicacias, debido a que la planta funciona con maquinaria fabricada en 1920 y desde sus inicios con la Cerro de Pasco Corporation en 1922, y luego con la administración estatal de Centromin desde 1970 nunca ha cambiado las mismas. Lo que si quedo claro es que Doe Run, al hacerse cargo del Complejo, se comprometió a invertir 107 millones de dólares para cumplir el PAMA diseñado para el mismo.
Según el contrato de privatización el Estado peruano se comprometía a realizar su parte del PAMA a través de Activos Mineros, cuando concluyera Doe Run su compromiso de adecuación. Esto que de por si resulta muy ambiguo ha sido utilizado por la empresa para postergar el cumplimiento del PAMA, solicitando hasta la fecha más de 5 ampliaciones al mismo. Esto, sin considerar que en 1997 la baja de los precios de los minerales fue un fuerte motivo para que la empresa postergara el inicio de muchas obras que complementaban el PAMA, por el deseo de pagar los costos del mismo con las utilidades que generara el complejo. Lo cierto es que, a la fecha, Activos Mineros la empresa creada por Centromin Perú sigue a la espera que Doe Run culmine su parte del PAMA. Mientras que Doe Run solicita, una nueva ampliación del mismo y la participación del Estado para poder culminar su Adecuación Ambiental, pues manifiesta haber sobrepasado el monto inicial pactado para el mismo, el cual se encontraría a la fecha sobre los 300 millones de dólares, faltando aun la construcción del último tramo del mismo.
Lo cierto es que, cuando Doe Run participo en el proceso de privatización alguien de sus técnicos los hizo incurrir en un gravísimo error de cálculo, porque no se entiende que una empresa seria participe en una licitación, calcule para el mismo determinados costos y ahora los termine triplicando, con los efectos financieros que esto produce en la empresa. Esto no es serio en ningún sitio. Además, solo hay que visitar la ciudad de La Oroya y sus alrededores, para darse cuenta a primera vista de dos cosas: La primera, que el Complejo Metalúrgico es el corazón de la ciudad que late a su ritmo y dependencia económica; Lo segundo, que el nivel de contaminación de la ciudad y sobre todo, del perímetro de La Oroya Antigua es intolerable, para la vida normal de cualquier persona.
Ahora bien. Durante los primeros años luego de la privatización, Doe Run logró que más de 1,5 millones de toneladas de ferritas de zinc, abandonadas en un depósito en Huanchan desde los tiempos de la Cerro de Pasco Corporation, fueran trasladadas para su administración de acuerdo a una Resolución Ministerial fechada en el 2001, con el consiguiente ingreso económico que originó su procesamiento y posterior venta, que se calcula sobre los 250 millones de dólares.
Un riesgo latente que el Complejo Metalúrgico debe afrontar es el de la contaminación, que es un proceso iniciado con las primeras emanaciones desde 1922, convirtiéndose en un pasivo tan grande que difícilmente alguna empresa o institución podría cargar con los gastos del mismo, ya que técnica, social y económicamente es imposible remediar. La ciudad y sus alrededores cargaran por siempre con el pasivo de la contaminación, y tal vez, se conviertan en el futuro en el ejemplo vivo de lo que significa la idea mal concebida de la Responsabilidad Social, cuando esta solo ve uno de los aspectos de su entorno, y obvia los más importantes, como son el derecho a la vida y a la salud. Sin mencionar que las Normas Ambientales en nuestro país, no tienen concordancia con los estándares internacionales, lo que convierte en un peligro latente cualquier inversión que involucre Impacto Ambiental directo sobre las ciudades y la población, tanto en las explotaciones mineras, como en las de gas y petróleo.
Finalmente, un estudio que deberá hacerse de manera urgente, si no hizo ya, es el referido al nivel de contaminación del agua subterránea, ya que esta es la que consume la población de la provincia de Yauli, donde se ubica la ciudad. La Oroya aparecerá siempre en nuestra historia como una ciudad emblemática, donde los niveles de contaminación han superado cualquier estimado del hombre, ya que aquí se ha contaminado: el aire, los suelos, los ríos, las lagunas, la atmosfera, los sonidos y hasta el electromagnetismo de la ciudad lo que hace que esta se radie con más intensidad, desde las 8 hasta las 11 todas las mañanas, de las partículas que arroja la chimenea central de Doe Run Perú.
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